Javier Barbado / Imagen: Pablo Eguizábal. Madrid
La desgravación fiscal para quien contrate un seguro de salud privado constituye una medida legítima y razonable en opinión de la entrevistada, ya que los asegurados contribuyen por dos vías diferentes al sostenimiento del Sistema Nacional de Salud (la común a todos los ciudadanos, es decir, los impuestos, y por medio de la descarga que supone para la sanidad pública la asistencia privada). Desde su punto de vista, no caben excusas para que la Comunidad de Madrid abandone su apuesta por toda clase de fórmulas de colaboración público-privada en su servicio autonómico de salud, lo que incluye desde los conciertos tradicionales a los modelos de gestión mixta en los hospitales, y subraya que, el principal partido de la oposición, a menudo pregona menguar la presencia del sector privado en las administraciones pero la fomenta, al mismo tiempo, en las comunidades autónomas donde gobierna (léase Andalucía). Por último, destaca la iniciativa del IDIS porque “pone en valor la importantísima labor de la sanidad privada” en España.

La Comunidad de Madrid ofrece una gran variedad de modelos de gestión hospitalaria, incluido el modelo Alzira, por la que se rigen los hospitales de Valdemoro, Torrejón de Ardoz y otros dos aún por inaugurar. ¿A qué se debe esta vocación por la colaboración público-privada?

Creo que, en la sanidad del siglo XXI, no es posible contar con las necesidades que nos plantea la población como, por ejemplo, los cambios demográficos (Madrid ha vivido un incremento de población enorme en los últimos siete-ocho años), y seguir prestando asistencia con los modelos tradicionales, es decir, invertir a partir del capítulo VI de los presupuestos de la Comunidad de Madrid para construir un hospital, dotarlo a partir del capítulo I con recursos humanos… Creo que no es planteable y, de hecho, las comunidades autónomas que han seguido ese modelo están tardando décadas en poner en marcha los hospitales.

Sin embargo, la nueva ley de contratos del sector público nos ofrece nuevas fórmulas, como la de contar con el sector privado para prestar servicios públicos. No contar con esas nuevas fórmulas o no aprovecharnos de ellas, yo creo que es un auténtico retraso y un error histórico. Por eso la Comunidad de Madrid ha sido muy ambiciosa y se ha dotado, en muy poco espacio de tiempo (menos de ocho años), de once nuevos hospitales en la actualidad basados en la colaboración público-privada. De distintas formas, es decir, no son exactamente iguales todos: en unos se encarga [el sector privado] solamente de la construcción del edificio y de la prestación de servicios no sanitarios; otros son concesiones completas como Valdemoro… Pero hemos ido ensayando, viendo cuál es el mejor modelo que puede funcionar. Yo creo que lo que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid en los últimos años es histórico, es decir, no se ha producido en otras partes del mundo: poder dar a la población un aumento de la planta hospitalaria tan grande como el que se ha producido, y esto solo ha podido ocurrir gracias a las fórmulas de colaboración público-privada.

¿Cuándo se estrenarán los dos hospitales pendientes?

Villalba a lo largo de este año; creo que será en torno al verano. Y Móstoles para marzo.

Algunos hospitales de la Comunidad Valenciana, en los que está implantado el modelo Alzira, otorgan puntos a sus profesionales para promocionar en la administración pública. ¿Permite la Consejería de Sanidad algo similar en todos los hospitales de gestión mixta?

Sí, es algo que nos preocupó. Por eso, en la Ley de Medidas Fiscales de 2007, se recogió una previsión: que aquellos profesionales sanitarios que pasen a prestar servicios a hospitales con otras fórmulas de gestión, vean computado el tiempo que dedican a prestar servicios en ellos a efectos de antigüedad, méritos… Hemos querido reconocer esa flexibilidad para que los profesionales puedan moverse dentro de nuestros hospitales con un reconocimiento de la prestación de su servicio.

¿Sucede así en todos los modelos de hospital en los que existe colaboración público-privada?
 

Sí, en todos, efectivamente. Se les reconoce los servicios que hayan prestado en ellos a efectos de carrera profesional, de antigüedad si, por ejemplo, eran personal estatutario y se fueron como personal laboral a ese hospital a prestar sus servicios. Si quieren volver a nuestros hospitales –a los que gestionamos nosotros directamente– tienen ese reconocimiento.

Algunos profesionales critican el complemento de exclusividad en los centros sanitarios públicos porque, al fin y al cabo, premia por no trabajar en el sector privado. ¿Qué opina de esta paga complementaria?

Mi opinión está recogida en la modificación normativa que hicimos en la Comunidad de Madrid: intentamos favorecer que nuestros profesionales puedan trabajar con nosotros y puedan trabajar también en la privada. Creemos que eso enriquece a los profesionales, al sistema, a la sanidad pública y a la sanidad privada. Eliminamos la previsión normativa que se hizo cuando gobernaba a nivel nacional el partido socialista, en el primer Gobierno de Felipe González, de establecer la dedicación exclusiva. En Madrid se puede compatibilizar un puesto en el sector público con otro en el sector privado.

Como sabe, desde mayo-junio de 2010, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) defiende los intereses de la sanidad privada en España. ¿Cree que ha dado buen resultado por el momento?

Mi valoración no puede ser nada más que positiva. Yo creo que, aglutinando a todos los actores de la sanidad privada, se la pone en valor, ya que es importante dentro del sistema sanitario, que no está compuesto solo por la sanidad pública. También la sanidad privada hace una labor asistencial y social importantísima, y yo creo que el IDIS ha contribuido de una manera decisiva a poner en valor eso que hace la sanidad privada en nuestro país, que es una labor importantísima.

El enfrentamiento político entre PSOE y Partido Popular en materia de salud a menudo se ha centrado en favorecer o no la sanidad privada. ¿Es real la diferencia de pareceres o se trata sólo de un arma que se usa con fines electorales?

Yo creo que el SOE ha utilizado la sanidad como arma política; incluso ha utilizado la sanidad pública como una especie de leitmotiv que impide no solamente que reflexionemos sobre ella, sino incluso que pensemos… con esta dualidad         tan fuerte que ha creado anteponiendo lo público a lo privado creo que ha generado una especie de antagonismo que nos impide hacer lo que ahora necesita nuestro sistema sanitario público, que es una reflexión sobre él mismo. Por lo cual espero que, con el tiempo, el partido socialista –que es muy importante para el desarrollo social y político de nuestro país– reconsidere su postura cerrada de enfrentamiento y podamos tener, en estos momentos (y además la crisis económica nos lleva a ella) una reflexión sobre el sistema sanitario público sin esta cerrazón absoluta.  Pero hay una cosa también importante que le quería decir. Sin embargo, donde gobiernan, una cosa es el discurso y otra distinta los hechos. En Andalucía, Cataluña cuando gobernaban… la provisión privada es una realidad en estas comunidades autónomas, por lo cual ellos participan de una especie de esquizofrenia que creo que sería conveniente superar.

¿Ha notado en la oposición cierta relajación con respecto a esa “esquizofrenia”?

Pues en Madrid he de decir que no: no he notado ninguna relajación. Tomás Gómez es una persona que lleva al extremo esa línea argumental.

Las mutualidades estatales acaban de renovar su convenio con las administraciones autonómicas, y los funcionarios ya se han decidido, una vez más de forma mayoritaria, por las compañías de seguros de salud privadas para recibir asistencia. ¿A qué se debe, desde su punto de vista, que prefieran la atención de las empresas al Sistema Nacional de Salud?   

Porque las compañías privadas y el sector sanitario privado en Madrid –que es donde hay una gran concentración de funcionarios de todas partes de España– prestan servicios de enorme calidad, y es lógico que un colectivo –también hay que decir que reducido– pueda participar de las ventajas que da una aseguradora. Creo que los funcionarios tienen ese derecho a elegir y lo ejercen porque reciben buenos servicios, pero no estoy tan segura de que, si toda la población de la Comunidad de Madrid (6,3 millones de ciudadanos) siguieran ese mismo régimen, éste pudiera seguir prestando sus servicios de la misma manera.  En este caso, se tendría que recurrir a fórmulas que eludieran el acceso directo al especialista –aspecto muy valorado–, porque sería casi imposible gestionarlo para toda esa población.

¿Cómo ha funcionado, en la Comunidad de Madrid, la libertad de elección de centro, médico y enfermero?

Aparte de que nos ha favorecido muchísimas mejoras organizativas en el Sermas, creemos que se trata de una cuestión de principios. Elegir es algo bueno para que se establezca una relación médico-paciente, y, además, es un derecho ciudadano que es coherente con una concepción de los ciudadanos como personas que pagan servicios –porque la sanidad no es gratis– y que pueden ejercer sus preferencias dentro del sistema. La verdad es que ha funcionado tal y como preveíamos. El sistema sanitario madrileño es muy bueno; es un sistema que permite la libre elección porque concentra, en muy poco territorio, mucho servicio sanitario, y se ha comportado de una forma lógica, con unos porcentajes adecuados (no elevados pero sí adecuados) y ha permitido que quienes querían cambiar de centro de Atención Primaria o incluso de hospital lo puedan hacer. ¿Los motivos? Los que ellos quieran; no nos preocupan. Lo que nos parecía fundamental es reconocer a los ciudadanos que pagan su asistencia sanitaria el derecho a elegir.

El IDIS promueve desde hace poco una campaña para la desgravación fiscal de los contribuyentes que contraten seguros de salud privados. ¿Está a favor de esta medida?

Yo personalmente estoy de acuerdo, porque me parece que favorecer que los ciudadanos tengan la posibilidad incentivada de recibir asistencia sanitaria fuera del sistema contribuiría a descargar el sistema público. Y si partimos de la base de que todos los ciudadanos pagamos éste con nuestros impuestos, aquéllos que opten por el privado y descarguen el sistema público deben estar incentivados.    

Pero el Gobierno central no ha tomado esa medida de momento.

Lo que le estoy dando es mi opinión personal. Yo creo que la situación de crisis económica hace reconsiderar, repensar e incluso, a lo mejor, posponer para un segundo momento el tema de las desgravaciones fiscales. Pero, realmente, no he tenido ocasión de hablar con los responsables nacionales de este tema.

La sanidad privada contribuye al sostenimiento del sistema sanitario público e incluso al crecimiento económico del producto interior bruto. ¿Entra en los planes del Ejecutivo autonómico madrileño potenciar su presencia más allá de las fórmulas de colaboración de las que antes hemos hablado?

Yo creo que las fórmulas de colaboración público-privada constituyen unas potentísimas herramientas de conexión con el sector privado. Desde luego estaríamos abiertos a analizar otras posibles fórmulas que ya hay, y que son tradicionales (desde conciertos, acuerdos para listas de espera…). Es decir, tenemos una relación muy fluida, porque entendemos que una parte del sistema sanitario no puede ser desconocida ni dejada de utilizar por el sistema público. Pero creo que la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha todas las herramientas para que esta colaboración se ejerza, y además se haga de una manera amplia y potente.

En el proyecto de ley de área única y libre elección se da a entender que conviene estimular una sana competencia entre centros, servicios y profesionales. ¿Sigue en pie esa intención en la Comunidad de Madrid?